Ricardo González Bernal
Coordinador del Programa Global de Protección de Article 19
Voces contra el Despojo Ambiental
“Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla”
Pinta y arenga durante las protestas de 2015 en Ciudad de México.
El asesinato a principios de año de la defensora y lideresa indígena Berta Cáceres nos confrontó con la terrible realidad que viven cientos de personas defensoras de derechos humanos dedicadas a defender el medio ambiente en el mundo. El activismo de Berta no era una cuestión abstracta, su causa era la defensa de los territorios ancestrales del pueblo lenca que se encuentran en la mira de proyectos de empresas transnacionales de extracción minera y de proyectos hidroeléctricos. La defensa del medio ambiente, y en muchos casos de manera simultánea, la defensa de los territorios de los pueblos originarios, sitúa a personas como Berta, que defienden derechos humanos, y en sí a comunidades enteras, en una situación de extrema vulnerabilidad.
Testimonios de lucha como los de Berta abundan a lo largo y ancho de Latinoamérica, y muchas de estas voces enfrentan a diario las mismas amenazas que ella.
La violencia contra quienes defienden el medio ambiente se cruza directamente con otros patrones de violencia, por ejemplo la discriminación por origen étnico, género, nivel socioeconómico y educativo que termina por reafirmar patrones de exclusión. Los derechos de las personas que alzan la voz para oponerse a lo que David Harvey ha llamado la acumulación por despojo, son violados de manera constante. Los obstáculos para ejercer los derechos a la libre expresión, asociación y protesta, a menudo culminan en ataques violentos, tortura, desapariciones y homicidios.
América Latina es el lugar más peligroso para ejercer la defensa del medio ambiente. Los datos estadísticos más recientes y confiables son alarmantes. Global Witness señala en su último informe que de los 116 asesinatos que documentaron durante 2014, 87 tuvieron lugar en Centroamérica y Sudamérica. En comparación con otras poblaciones específicas, por ejemplo periodistas y comunicadores, la cifra de ambientalistas asesinados es prácticamente el doble.
Un informe publicado esta semana por ARTICLE 19 sobre las amenazas que enfrentan quienes defienden el medio ambiente, señala: “La falta de garantías efectivas de protección de los derechos humanos en los Estados latinoamericanos ha creado esta terrible situación. La ausencia de salvaguardas efectivas se ve agravada por la fragilidad del estado de derecho en la mayoría de los países latinoamericanos, por preocupantes corrientes de impunidad que corroen el tejido social”.
¿Qué hacer ante un panorama tan desolador? Recientemente Alejandro de Coss en un breve y lúcido ensayo sobre la acumulación por despojo en México, que bien puede aplicarse a toda la región, concluye que “la construcción de una sociedad que produzca vida digna y no muerte pasa por una lucha compleja, creativa, horizontal y plural frente al capitalismo. La era de las fórmulas ha terminado”.
Para proteger de manera efectiva a quienes defienden el medio ambiente y los territorios de los pueblos originarios, los Estados requieren generar marcos normativos y políticas públicas que, además de proteger su integridad física y psicológica, impulsen también la participación y consulta efectiva en los proyectos industriales que afecten a sus comunidades y los ecosistemas que las alojan.
