Ricardo González Bernal
Coordinador del Programa Global de Protección de Article 19
La lección que los gobiernos deben aprender del asesinato de Pedro Tamayo
I
Pedro Tamayo fue asesinado en la noche del pasado 20 de julio. Tamayo era editor de La Voz de Tierra Blanca y colaborador de El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político. A principios de 2016 fue objeto de amenazas y hostigamiento en su domicilio. Debido a esto, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) en Veracruz (uno de los poquísimos organismos de esta naturaleza a nivel estatal en México) le otorgó medidas de protección, incluyendo la relocalización temporal de él y su familia. Dado el impacto que esto tenía en su vida profesional y su familia, Tamayo decidió regresar a Tierra Blanca, su pueblo natal, en donde, por lo visto, los responsables del hostigamiento le esperaban para cumplir las amenazas. Horas después, la Fiscalía General de Veracruz (FGV) emitió un boletín anunciando que ya investigaba el homicidio y, con ello, se inauguraba un episodio más del oprobioso acceso a la justicia en ese estado, en especial cuando se trata de periodistas.
Al igual que a nivel federal, Veracruz cuenta con una estructura robusta de protección, lo cual en ninguno de los dos casos se ha traducido en mejoras significativas en las condiciones para ejercer el periodismo.
La muerte de Tamayo posee varias semejanzas con los otros 19 casos de periodistas asesinados y asesinadas durante la administración del gobernador saliente, Javier Duarte. Por ejemplo, Tamayo, al igual que la mayoría de los otros casos, recibió amenazas directas e indirectas. Su trabajo incomodaba, cubría temas relacionados con las actividades del crimen organizado y a menudo informaba sobre hechos que otros medios de comunicación callaban. Sin embargo, el caso de Tamayo destaca de manera especial por el hecho de que durante los 7 meses previos a su asesinato estuvo bajo protección del gobierno.
El asesinato pone al descubierto una de las principales deficiencias de la política de protección no sólo en Veracruz sino en todo el país. Esto tiene que ver con la ausencia de investigación judicial de las amenazas que en su momento motivaron a Pedro Tamayo a acogerse al esquema de protección ofrecido por la CEAPP. Si bien es entendible que la prioridad en un primer momento haya sido la de garantizar la integridad física de Tamayo, jamás se tomaron las medidas necesarias para desactivar el riesgo que enfrentaba. El esquema de protección de Tamayo estuvo limitado a mitigar los efectos. Al igual que el mecanismo de protección a nivel federal en otros casos, la CEAPP operó bajo el ingenuo presupuesto de que con relocalizar temporalmente a Tamayo y desplegar medidas contingentes como los rondines policiales, botones de pánico, cámaras de circuito cerrado, sería suficiente para disuadir a los perpetradores de concretar sus amenazas.
¿Qué hubiera pasado si se hubieran investigado de inmediato las amenazas que tuvieron lugar entre enero y marzo en contra de Pedro Tamayo? Eso nunca lo sabremos, a menos que haya un ejercicio de transparencia sin precedente por parte de la CEAPP para entender la razón por la cual la FGV nunca integró una averiguación al respecto.
No debe sorprender que Pedro Tamayo decidiera renunciar a la medida de reubicación temporal que le ofreció la CEAPP. El desplazamiento forzado, inclusive bajo supervisión de una autoridad, tiene efectos durísimos en la estabilidad emocional, económica y profesional no sólo de la persona directamente afectada sino también de núcleos familiares y hasta comunidades enteras. Familias que se quedan sin sustento y comunidad sin información. La angustia y precariedad que marcaron los 44 días que permanecieron él y su familia bajo el esquema de protección de la CEAPP, seguramente fueron suficientes para decidir regresar.
Mientras que los responsables materiales e intelectuales de la muerte de Pedro Tamayo gozan de completa impunidad, Veracruz se encuentra inmerso en un complejísimo proceso de transición de la gubernatura. La CEAPP asegura que Tamayo renunció voluntariamente a una parte del esquema de protección. La FGV anunció estar investigando el caso. Si la respuesta será igual que en los últimos 18 casos de periodistas asesinados, la rueca de la impunidad se ha echado a andar una vez más.
II
La idea de plantear la creación de mecanismos especiales para proteger a poblaciones específicas por el riesgo que implica su trabajo y función social, en cualquier país debería ser en sí un signo de alarma. Es decir, el hecho de que la sociedad civil o comunidad internacional le tengan que sugerir a un Estado tomar medidas especiales para proteger la integridad física y psicológica de personas específicas dentro de su jurisdicción, es un signo inequívoco de un sistema de justicia ineficaz. Además, cuando se trata de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, infoactivistas o comunicadores sociales, es también evidencia de una democracia trémula. Por ello, es lamentable escuchar a representantes de países en donde se han instaurado, como Colombia, México y recientemente Honduras, presumir dichas medidas como una especie de logro o prueba irrefutable de su compromiso con los derechos humanos.
Tanto en Colombia como en México y Honduras, la creación de instancias de protección se debe al ímpetu y compromiso de organizaciones de derechos humanos y de los distintos movimientos sociales. Esto resulta importante para entender el espíritu detrás de la demanda de creación de una política pública de protección, a pesar de la justificada desconfianza de quienes la impulsaron.
Los tres procesos de creación, cabe mencionar, se dieron en condiciones de inestabilidad política y altos índices de violencia. Colombia apenas despertaba de la pesadilla que significó la expansión de las operaciones del crimen organizado y grupos armados durante la década de los 90, cuando aprobó el decreto 1592 que determinó la creación del programa de protección a periodistas y comunicadores sociales en el marco del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER). México se encontraba en los picos más altos de violencia relacionada con la crisis de seguridad pública ocasionada por la militarización del combate al narcotráfico, cuando el gobierno emitió el Acuerdo de Creación de un Mecanismo de Protección para quienes Ejercen el Periodismo en México en 2011. Mientras que Honduras continúa sumida en la crisis política y social que ocasionó el golpe de Estado en 2009, y la cual se ha traducido en la persecución y criminalización del movimiento social y de defensa de los derechos humanos. Ahí, el gobierno aprobó el año pasado la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos.
Por ello, es importante reconocer en la creación de estos mecanismos un logro indiscutible de la sociedad civil. Es una muestra fehaciente de la capacidad de articulación de organizaciones de la sociedad civil en contextos de violencia y debilidad institucional. Aunque, ciertamente, la responsabilidad de contener la violencia y atender las debilidades institucionales recae en el Estado, debemos entender estos espacios institucionales como espacios parcialmente ocupados por la sociedad civil. Defender su existencia y exigir eficacia se convierte no sólo en una causa que aglutina la diversidad del movimiento de derechos humanos en estos tres países, sino que además constituye una estrategia colectiva de sobrevivencia.
Esto no se debe confundir, como a menudo pasa, con que se le endose el fracaso o deficiencias de estos mecanismos a cualquiera que no sea el Estado. Son las autoridades las responsables de crear confianza en los procedimientos, capacitar personal, procurar fondos y facilitar la coordinación entre instituciones. En cambio, la sociedad civil tiene la responsabilidad de monitorear, hacer recomendaciones y darles seguimiento, como lo han hecho ya en Colombia y México. Estos ejercicios resultan cruciales para apoyar el éxito o fracaso del mecanismo que están echando a andar en Honduras debido a la similitud en diseño y procesos.
III
La medida idónea y definitiva de protección es la justicia. Lo otro, los esquemas de seguridad, guardias armados, botones de pánico, cámaras de circuito cerrado y todo aquello que ofrecen los mecanismos de protección gubernamental a personas en riesgo, son sólo medidas temporales y de naturaleza contingente. Si bien es una estrategia pertinente, cuando los números de víctimas fatales se suman mes con mes en un país determinado (digamos México, Honduras, Brasil y Colombia) y el círculo de violencia-impunidad parece no tener fin, la realidad es que instancias de este tipo, de no ser acompañadas por medidas sostenibles e investigaciones judiciales efectivas, ayudan a cimentar la vulnerabilidad de quienes se acogen a estos beneficios al no desactivar el riesgo concreto y por lo tanto imponiendo una especie de emergencia perpetua.
Resulta muy complicado que un órgano gubernamental pueda declarar que el riesgo de un beneficiario o beneficiaria ha desaparecido, cuando los perpetradores e instigadores no han sido procesados judicialmente.
La política de protección en Colombia se ha convertido en un caso de estudio a nivel internacional, no sólo por su diseño sino también por su longevidad. En su momento fue una idea innovadora que presentaba una respuesta concreta a la violencia que sufrían 13 diferentes poblaciones. En el caso concreto de periodistas, el número de periodistas asesinados ha bajado significativamente, aunque este dato no es determinante para reconocer una mejora definitiva en la situación por la que atravesó Colombia. Para Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, el cúmulo de retos urgentes que enfrenta en este momento el mecanismo colombiano se puede resumir en el hecho de que el ciclo de protección contemplado en el reglamento está truncado. Mientras que los procedimientos de recepción de solicitudes están consolidados, la actualización de las evaluaciones de riesgo tiende a ser problemática, al igual que el retiro definitivo del esquema de protección. “El mecanismo tiene puertas muy amplias pero salidas estrechas y a veces inciertas”, señala Vaca.
Algo similar sucede ya con el joven mecanismo mexicano, el cual ha tenido que lidiar además con la falta de personal capacitado, falta de recursos y la compleja tarea de coordinar esquemas de protección con los diferentes órdenes de gobierno. No hay que olvidar que México, a diferencia de Colombia, tiene un sistema federativo. Son poquísimas o casi nulas las investigaciones que surgen después de atender la emergencia de un o una solicitante. Desde su creación en 2010, el mecanismo de protección a nivel federal ha atendido 316 solicitudes con 519 personas involucradas. En contraste, durante el mismo periodo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión sólo ha consignado 73 casos; sólo uno durante el año pasado. Esto a pesar de la reforma al artículo 73 de la Constitución para que las autoridades federales pudieran investigar casos del fuero común, si éstos tienen "conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta".
La impunidad ha producido un cuello de botella en los mecanismos de protección de Colombia y México, que pone en riesgo su efectividad y su viabilidad financiera.
