Ricardo González Bernal
Coordinador del Programa Global de Protección de Article 19
Un paso decisivo en la defensa del espacio cívico
Alrededor del mundo, regímenes autocráticos, especialmente algunos que se consideran democráticos, están restringiendo la labor de los grupos de la sociedad civil dedicados a llamarlos a cuentas. La lucha contra la impunidad de violaciones a derechos humanos, particularmente el trabajo y activismo anti-corrupción, la defensa del medio ambiente y territorios de los pueblos originarios, así como los movimientos sociales disidentes o de oposición política activa, enfrentan una situación bastante adversa.
En un reciente artículo publicado en The Christian Science Monitor, Peter Ford hace un resumen sumamente ilustrativo: “Diferentes gobiernos utilizan diferentes métodos: a algunas organizaciones no gubernamentales simplemente las cierran por decreto; a otras las matan bloqueando el acceso a recursos, detienen a sus líderes, censuran sus informes, o envían a sus policías secretas para intimidarles”. El listado de métodos puede crecer aún más si tomamos la presencia e impacto negativo de actores no estatales como empresas privadas, grupo paramilitares y del crimen organizado.
Afirmar que los espacios para la discusión y participación política para la defensa de los derechos humanos y la exigencia del cambio social están bajo asedio, no es una exageración. CIVICUS, una organización internacional enfocada en la defensa del espacio cívico y la sociedad civil, destacó en un informe sobre el tema, publicado el año pasado, que había documentado que “el derecho a la libertad de expresión fue violado en un grado significativo en 82 de 96 países durante 2014. Además de violaciones graves a la libertad de reunión pacífica en 63 de los 96 países incluidos en esta lista”.
Esta semana, después de un largo trabajo de cabildeo a nivel internacional sobre la Iniciativa por el Espacio Cívico, compuesta por CIVICUS y ARTICLE19, fue aprobada una resolución por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Éste es un hecho sin precedentes a nivel internacional, ya que hace un llamado a los gobiernos del mundo a adoptar medidas concretas para proteger el trabajo de la sociedad civil. En concreto, hace un llamado a: 1) Asegurar que los actores de la sociedad civil puedan buscar, obtener y utilizar los recursos. 2) Mantener los procedimientos internos accesibles para el establecimiento o el registro de organizaciones. 3) Asegurar que la sociedad civil sea consultada sobre posibles implicaciones de la regulación de su trabajo cuando está siendo diseñada, discutida, aplicada o revisada. 4) Adoptar leyes y políticas claras que establezcan la divulgación efectiva de la información sobre su regulación y trabajo. 5) Asegurar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, para poner fin a la impunidad de los derechos humanos, violaciones y abusos contra personas y organizaciones de la sociedad civil.
El proceso de negociación de esta resolución fue en sí bastante revelador, primero por el intento de las delegaciones de Rusia, Congo, Sudáfrica, Venezuela, Cuba, China y Nigeria de boicotear la resolución proponiendo que fuera desechada. En segundo lugar, países como Bolivia, Kenia, Emiratos Árabes, Burundi, Vietnam, entre otros, decidieron abstenerse, lo que significó una aceptación pasiva de la intransigencia y autoritarismo mostrados por el grupo de países liderado por Rusia. En tercer lugar, llama la atención el voto a favor de varios países que mantienen un historial bastante criticable en cuanto al respeto de la sociedad civil y la protección del espacio cívico, como es el caso de México, Ecuador, Ghana, Bangladesh y otros.
Como es de esperarse cuando una resolución de semejante alcance es aprobada, el principal reto será la implementación de su contenido. Ahí seguramente habremos de ver, con mayor certeza, el nivel de compromiso o, en todo caso, la oposición al contenido y espíritu de la resolución A/HRC/32/L.32 . Del dicho al hecho hay mucho trecho, en especial cuando se trata de traducir en hechos las posiciones expresadas en foros internacionales por los gobiernos.
